Aristídes Victoria Yeb afirmó el proyecto será sancionado la próxima semana por ambas cámaras legislativas
Los 21 miembros de la comisión bicameral que estudian la modificación a la Ley Electoral, concluyeron los análisis del proyecto al consensuar y aprobar todos los puntos que estaban pendientes.
Así lo informó el presidente de la comisión, el senador Arístides Victoria Yeb, quien adelantó que en las próximas horas se realizará el informe para ser aprobado en el Senado de la República y luego a la Cámara de Diputados, antes del cierre de la legislatura extraordinaria este 14 de febrero.
“El compromiso que asumimos todos los miembros de la comisión aquí presentes los presidentes de las cámaras, todos los legisladores de todos los partidos políticos ha dado fruto positivo”, expresó el legislador al término de la reunión que inició a las 10 de la mañana y culminó pasada las seis de la tarde.
“A partir de las próximas elecciones del 2020 para el montaje la Junta Central Electoral tendrá el instrumento jurídico que todo el país estaba exigiéndole a la clase política y de manera especial a este Congreso de la República, por lo que es un hecho que el consenso en esta Ley de Régimen electoral se ha logrado y en los próximos días tendremos una nueva Ley”, recalcó el legislador.
Procuraduría especializada
Victoria Yeb, informó que se acogió la propuesta de crear una procuraduría especializada que persiga los delitos electorales que estará adscrita al Tribunal Superior Electoral (TSE).
“La comisión decidió que haya una creación de una procuraduría especializada para crímenes electorales, adscrita al Tribunal Superior Electoral, bajo el mandato de la Procuraduría General de la República”, manifestó el senador.
Respecto a los topes para el financiamiento de la campaña, el senador indicó que serán los mismos de la Ley 33-18 de Partidos Políticos, con una indexación de 0.75 centavos por electo, es decir que serían 122.50 pesos por elector a nivel presidencial.
“Un precandidato presidencial puede en la precampaña gastar hasta 70 pesos por elector y en la campaña hasta 122.50 pesos, mucho menos de la propuesta original de la Junta que es 200 pesos por electores”.
A nivel congresual, el tope será de 105 pesos por electores inscritos a nivel de provincia o circunscripción. En tanto que los municipales 87.50 pesos para alcaldes y 43.75 pesos para regidores y vocales por electores.
En tanto que el tope para la campaña de los aspirantes a directores municipales será 150 pesos por electores. Estos topes fueron trabajados en una subcomisión.
Se aprobó, además, que las contribuciones individuales hechas por particulares no podrán ser superiores al 1% de los límites establecidos por la ley. Los fonos sobrantes de las recaudaciones realizadas por los candidatos, de acuerdo a la ley, se destinarán a los programas de formación política.
El presidente de la comisión sostuvo que la ley manda a transparentar las fuentes de financiamiento de los partidos.
Voto preferencial se queda como está
Victoria Yeb manifestó que la comisión decidió que el tema del voto preferencial congresual quede tal cual está en el sistema actual, con el arrastre doble de diputados hacia senadores y de senadores hacia diputados.
El expresidente de la Cámara de Diputados y miembro de la comisión, Alfredo Pacheco, deploró que no se mantuviera el arrastre en el nivel congresual y criticó que no se aprovechara la oportunidad para consolidar la democracia dominicana en ese sentido.
En el caso del voto preferencial a nivel municipal, los comisionados ratificaron que este sea implementado en la escogencia de regidores y vocales, tal como manda la Ley 57-13 que instituye el voto preferencial. Para las elecciones del 2020 se elegirán 1,164 regidores y sus suplentes, así como 730 vocales.
También se acordó que en los distritos municipales y en los municipios se separen la votación. “Actualmente los votos de los directores de cada uno de los distritos se le suma al caso urbano de los municipios, la comisión ha decidido que no incida la decisión de los votantes de los distritos municipales en la elección del alcalde de los municipios”.
Se acogió, a propuesta del Partido Revolucionario Moderno, que los candidatos a todos los niveles puedan acreditar ante la JCE sus delegados. “A nivel presidencial, a nivel congresual y municipal. Esos son temas que fueron debatidos y consensuados, aprobados”.
También se ratificó el voto preferencial en el exterior y al Parlamento Centroamericano (Parlacen) mediante lista cerrada.
Delitos electorales
Los comisionados acordaron que los delitos electorales serán penalizados con prisión desde 6 meses hasta tres años, dependiendo la gravedad.
En ese sentido serán castigados los individuos que compren cédulas, los que voten más de una vez, los que suplanten identidad y voten en nombre de otro. También habrá prisión para los que sobornen y hostiguen para conseguir votos.
Temas que se modifican
El proyecto de modificación a la Ley Electoral prohíbe durante los quince días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías.
También prohíbe al Gobierno Central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías, se realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios con fines electorales durante el plazo de quince días antes de las elecciones.
El proyecto incluye restricciones al uso de recursos del Estado en la campaña de candidatos que ocupen cargos públicos, entre ellas la suspensión de funciones desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la Junta hasta el día de las elecciones.
En el proyecto se obliga a que la propaganda impresa contenga la identificación del emblema del partido político o alianza de partidos que nomine al candidato y quedaría vetada su colocación en lugares ocupados por los poderes públicos.
Asimismo aprobó que los miembros de la JCE puedan tener una profesión distinta a la de abogado.
Además acordaron un nuevo horario de votación que será de 7 de la mañana a 5 de la tarde, prohibir la venta de bebidas alcohólicas hasta 12 horas después de las votaciones y que ningún ciudadano podrá llevar a más de dos personas discapacitadas a votar al mismo colegio electoral.
Victoria Yeb justificó que la tendencia en la mayoría de los países es evitar la nocturnidad en el proceso de votación y que el cambio fue propuesto por la Junta Central Electoral (JCE) y acogido “para tener en las primeras horas de la noche los resultados del proceso”.
Los candidatos no podrán ser apresados durante los ocho días previo a las elecciones salvo flagrante delito, tampoco su libertad de tránsito podrá ser restringida por parte de las autoridades públicas.
Miembros conforman Comisión bicameral
Los senadores que integran la comisión son: Arístides Victoria Yeb, Rubén Darío Cruz Ubiera, Santiago José Zorrilla, Félix María Vásquez Espinal, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Charles Mariotti Tapia, Julio César Valentín Jiminián, José Hazim Frappier y José Rafael Vargas Pantaleón.
En tanto que los diputados son Henry Modesto Merán Gil, Gustavo Antonio Sánchez García, Miriam Altagracia Cabral Pérez, Plutarco Pérez, Ramón Dilepcio Núñez, Hamlet Amado Sánchez Melo, Adalgisa Fátima Pujols, Alfredo Pacheco, Víctor José D’Aza Tineo; José Altagracia González Sánchez; Máximo Castro Silverio; Fidel Ernesto Santana Mejía y José La luz Núñez.
Firmas encuestadoras serán reguladas
La comisión bicameral había decidió previamente sobre temas trascendentales como la regulación de las firmas encuestadoras. La Junta Central Electoral deberá crear un registro de firmas en materia electoral y política que estará bajo la supervisión de la Dirección de Elecciones. Como requisito para la realización y publicación de encuestas, las firmas encuestadoras tendrán que depositar una serie de documentos en la JCE, donde estén los estatutos sociales, la nómina actualizada de accionistas, la composición de consejo de administración, las filiales internacionales, la nómina de directivos y los currículos actualizados de los técnicos que dirijan o participen en los sondeos o encuestas. Siete días antes del proceso electoral estará prohibida la divulgación de encuestas.
